Caso San Luis Potosí: Paridad de género y prohibición
- La reforma en San Luis Potosí que pretende reservar la candidatura a la gubernatura solo para mujeres no es un tema de consignas, sino de derechos políticos. Excluir de forma anticipada a los hombres rompe el principio constitucional de igualdad y vuelve la norma frágil e impugnable.
Por Ernesto A. Gómez Martínez
La reciente reforma en San Luis Potosí que pretende reservar exclusivamente a mujeres la candidatura a la gubernatura abre un frente que no es ideológico ni emocional, sino estrictamente constitucional. No es un debate de consignas ni de empoderamientos mal entendidos: es un asunto de derechos políticos fundamentales.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado sobre el tema, y con razón, porque aquí no está en juego una narrativa, sino el principio de igualdad y no discriminación previsto en la Constitución. La paridad de género nació para equilibrar, no para excluir. Cuando se pasa del piso parejo al candado absoluto, el péndulo deja de ser justicia y se convierte en exceso.
Negar de forma anticipada el derecho de los hombres a ser votados, sin un análisis fino de proporcionalidad, rompe con la lógica de equidad real. La equidad no consiste en cambiar quién queda fuera, sino en garantizar que nadie quede fuera sin causa constitucionalmente válida. De lo contrario, el diseño normativo se vuelve frágil y, peor aún, impugnable.
Y aquí viene el elefante en la sala: si esta reforma se sostiene tal como está, los tribunales electorales se van a saturar. No por capricho político, sino por la vía legítima de la defensa de los derechos ciudadanos. Amparos, juicios de protección de derechos político-electorales y acciones de inconstitucionalidad no van a faltar. El sistema judicial ya está cargado; esto sería echarle más expedientes al escritorio.
La pregunta obligada es:
¿en qué momento se confundió la paridad con la prohibición?
¿y de dónde sacarán tantos “diputados sabiondos” para corregir lo que no pensaron bien desde el inicio? —porque, seamos francos, no dan una, y luego quieren que la Corte les haga la tarea.
